35 AÑOS DESPUES, LA CORRUPCION SIGUE ALLI

17 Abr 2017

En 1982, Miguel de la Madrid anunció la primera política pública contra la corrupción. El programa “renovación moral de la sociedad”  creaba la primera secretaría de la contraloría de la Federación, la primera ley de responsabilidades de servidores públicos y la figura delictiva de “enriquecimiento inexplicable”.

Gracias a esta red institucional cayeron los primeros peces gordos: Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, y el tristemente célebre Arturo Durazo Moreno.

Todo este entramado quedaría rebasado, estancado y neutralizado en el sexenio de Carlos Salinas. La corrupción rebasó cualquier leyenda urbana de la época. “Se robó la partida secreta” revelaría años después Luis Téllez Kuenzler. Mientras que la privatización de empresas y bienes públicos se convirtió en la fuente brotante de la corrupción. De esa época datan fortunas personales de empresarios y exservidores públicos que aún se pasean tan campantes.

Ernesto Zedillo centró su lucha contra la corrupción en dos frentes: por el lado político, la persecución de Carlos Salinas y la aprehensión de su hermano Raúl; por el lado institucional, la reforma judicial para fortalecer y profesionalizar el llamado “gobierno de los jueces”.

El primer gobierno de la alternancia presidencial, el de Vicente Fox, impulsó el IFAI (hoy INAI), pero sólo transparentó la corrupción, no la combatió, como lo evidenció el entramado de negocios familiares que impulsaron tanto los hermanos del hoy expresidente como la familia de la señora Sahagún.

La corrupción en tiempos de Felipe Calderón fue una combinación de López Portillo y Carlos Salinas; es decir, un manejo patrimonial del presupuesto federal y concesiones privilegiadas a particulares. De lo primero, son muestra clara Oceanografía y la estela de luz. De lo segundo, las concesiones en materia energética (gas y luz) a empresas españolas y a la brasileña Odebrecht, cuyos sobornos millonarios empezaron durante ese gobierno.

Sin embargo, es en la actual administración donde el tema de la corrupción se salió de cauce o de madre. La ciudadanía lo percibe como el principal problema de su comunidad, de su estado y del país, por encima de la inseguridad y el desempleo. De hecho, es ya el telón de fondo de la próxima sucesión presidencial, donde la ciudadanía estará atenta a los antecedentes y propuestas de los candidatos en esta materia.

El hecho de que 12 exgobernadores se encuentren actualmente en capilla o indiciados por hechos de corrupción, es otro factor que alimenta esa percepción colectiva.

Han transcurrido 35 años de reformas institucionales y legales para detener la corrupción y ésta no cesa. El último esfuerzo es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo fiscal ni siquiera ha podido ser nombrado.

Creo que a todos esos esfuerzos les ha faltado medidas más fuertes para enfrentar este cáncer social. Por ejemplo, hace falta una buena dosis de participación ciudadana en la prevención del fenómeno, como es un sistema fuerte de contralores ciudadanos, el juicio de residencia para las autoridades que concluyan su cargo, y la figura de revocación de mandato. También correctivos más severos como la pérdida ipso facto del fuero en casos probados de corrupción y la confiscación de bienes y cuentas de los recursos mal habidos, para resarcir el daño al erario público.

Como se aprecia, el camino aún es largo y tedioso, pero no imposible.