Casino México

30 Ago 2011

Combatir a las bandas delincuenciales, pero permitir al mismo tiempo el bum de los casinos, es tan sólo una muestra más de la estrechez de miras y del sinsentido que caracteriza a la actual estrategia de combate al crimen.

Jugar es un deleite; pero lavar a través del juego es un delito. Por ello, en la economía de lo ilícito, los casinos representan un giro apetitoso. Son negocios diseñados para operar con la mitad del cuerpo en la opacidad y la otra mitad en la legalidad. Cuestión de revisar la totalidad de las películas que Hollywood ha producido sobre las Vegas y su estrecha vinculación con las mafias. Allí se lava, se tiende, se plancha y se almidonan capitales de origen dudoso. Por eso son manzanas de la discordia y bombas de tiempo para la seguridad pública del lugar donde se instalan.

Si alguna duda había sobre lo que representan realmente los casinos en México, después de la tragedia de Monterrey quedó despejada. Formalmente prohibidos desde 1938, realmente se han extendido por todo el país durante los últimos 20 años. Si los gobiernos priistas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo pusieron las bases, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón abrieron las puertas de par en par. Hasta el año 2000, en el país existían 125 casas de juego, legales e ilegales. Detrás de ellas había casi siempre un político del PRI, de influencia nacional o local, beneficiario de esas concesiones irregulares. El prototipo de esta etapa fue Jorge Hank Rhon, quien se convirtió en el ícono de la corrupción política y económica que incubaba a los casinos.

Pero el detonador llegó con la “alternancia presidencial democrática” del PAN. De 125 casinos pasamos en una década a 790 (un crecimiento de 632%), donde alcaldes, gobernadores y funcionarios federales por igual vieron en este negocio una jugosa fuente de ingresos, legal para algunos, ilegal para la mayoría. Tan sólo en el rubro de impuestos, el año pasado los casinos reportaron mil 200 millones de pesos al fisco. Aparte las “mordidas”, los derechos de piso y los sobornos que son parte de los “gastos operativos normales” de estos centros de juego.

Si bien el panismo no cuenta con un Jorge Hank, es evidente que la discrecionalidad con la que Gobernación otorga permisos para la operación de los casinos ha permitido beneficiar a grupos familiares y empresariales vinculados al PAN por vínculos políticos o económicos. El consejo de administración del Casino Royale es un botón de muestra: en algún momento se integró con Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Moreno Dávila, primos de Adalberto Madero, quien fuera alcalde panista de Monterrey en el trienio anterior (2006-2009),  y responsable de otorgar el permiso de operación de bingo y apuestas deportivas al ahora tristemente célebre centro de apuestas. En el gobierno de Fox, los hijos de la señora Marta Sahagún fueron señalados en diversas ocasiones como gestores clave de la apertura de diversos casinos, la mayor parte de ellos en el norte del país.

Por otra parte, Monterrey presenta una correlación curiosa: a mayor inseguridad, mayor número de casinos. El año pasado, la ciudad fue una de las más violentas del país, desplazando incluso a Juárez. Paralelamente, fue la ciudad donde mayor número de casinos legales e ilegales se instalaron. De 20 casas de apuestas pasó a 60, por encima de la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Puebla.

La captura y castigo de los narcoterroristas que provocaron la muerte de 53 personas en el Casino Royale de Monterrey será un acto de justicia aislada y deficiente, si no se acompaña de otras medidas que atiendan el problema de fondo de la inseguridad que generan estos giros: la clausura de casinos y centros de apuestas irregulares, como actividad prototípica de la economía ilegal; las modificaciones judiciales pertinentes que impidan a los jueces otorgar amparos como si fueran notas de remisión; y, sobre todo, el cierre de aquellos negocios que, con independencia de su situación jurídica, representen una trampa para los usuarios en términos de seguridad y protección civil.

Los argumentos a favor de convertir a México en un gran casino (inversión, empleos, oferta turística, recaudación tributaria, detención del flujo de divisas de jugadores mexicanos), palidecen ante los riesgos y amenazas que quedaron al descubierto en el Casino Royale: lejos de generar beneficios sociales en los lugares donde se instalan, exacerban problemas sociales como lainseguridad pública, la drogadicción, la prostitución y la ludopatía, entre otros.

Combatir a las bandas delincuenciales, pero permitir al mismo tiempo el bum de los casinos, es tan sólo una muestra más de la estrechez de miras y del sinsentido que caracteriza a la actual estrategia de combate al crimen, por la cual habrá que guardar luto junto con las 53 víctimas fatales del pasado jueves en Monterrey.