Con el fisco hemos topado

12 Jun 2012

El tema fiscal irrumpió de lleno en la campaña presidencial. No podía ser de otra forma. Es el tema central en cualquier discusión de política económica. Especialmente cuando se analiza el grado de “responsabilidad económica” de un candidato de izquierda que propone un “cambio verdadero”. Un cambio que pasa necesariamente por revisar con lupa la política fiscal y las vías de financiamiento de su programa de gobierno.

¿Cuál es el tipo de reforma fiscal que propone AMLO? Una reforma fiscal redistributiva, no simplemente recaudatoria, como las que han apoyado por igual PRI y PAN los últimos 25 años. 1) Ampliar la base de contribuyentes, evitando cobrar más impuestos a los mismos de siempre; 2) Aplicar el principio constitucional de proporcionalidad y equidad fiscal; es decir, que contribuyan más los que más ingresos obtienen, potenciando la aplicación del ISR y no aumentando el impuesto al consumo como el IVA, ni generalizándolo a alimentos ni medicinas; 3) simplificación fiscal, de fácil comprensión y operación por parte de las personas físicas y de las empresas; 4) eliminar los privilegios fiscales y los regímenes especiales de consolidación fiscal; y 4) eliminar los dos impuestos más lesivos para la economía de las empresas y de las personas: el IETU y la corrupción (también conocido coloquialmente entre los fiscalistas como “Mordida a Tasa Generalizada” o “Derecho de Trato con el Gobierno”).

En la reforma fiscal que propone Andrés Manuel López Obrador, el costo mayor es para el Estado y no para los ciudadanos o las empresas, como es usual en las reformas “estructurales” que han impulsado PRI y PAN, cuyos ingresos fiscales adicionales se han ido al gasto corriente y no a la inversión.

La propuesta es obtener 800 mil millones de pesos adicionales (5.3 puntos del PIB) a lo largo del sexenio, a través de las siguientes fuentes: 300 mmdp de recorte en el gasto corriente del gobierno (no únicamente en los sueldos de la alta burocracia, como mañosamente lo están manejando en el posdebate); 300 mmdp en la eliminación de comisiones, “mordidas”, subrogaciones y gastos de intermediación del gobierno; 200 mmdp mediante la ampliación de la base tributaria, eliminación del régimen de consolidación fiscal (por el cual las grandes corporaciones dejan de pagar 540 mmdp) y el combate a la evasión fiscal.

Quienes piensen que la corrupción en México no existe o es algo exagerado, sólo recordemos cuatro datos: uno, la Secretaría de la Función Pública del actual gobierno ha estimado en 120 mmdp al año el costo anual para el erario público por concepto de “mordidas”, “comisiones” y “entres” en las compras de gobierno (un 15% del presupuesto de egresos de la Federación); dos, Transparencia Internacional estimó en 14% el gasto adicional que las familias mexicanas tuvieron que realizar en promedio el año pasado por concepto de ayudas, propinas, mordidas y moches a servidores públicos de todo tipo. Tres, la ordeña de de los ductos de Pemex por la delincuencia organizada interna y externa que se existe en la paraestatal asciende a 12 mmdp anuales (revelación de Gil Díaz en una reunión privada de la Conago en 2004). Cuatro,  el SAT tiene una de las recuperaciones de créditos fiscales más bajas del mundo: en 2009 estos créditos sumaron 470 mmdp, de los cuales sólo cobró el 3%, por ineficiencia, corrupción o ambas.

Es una verdad a medias que la alta burocracia del gobierno federal (de directores generales hacia arriba) sólo reciba 2 mmdp en salarios. ¿Y la Cheyenne apá? Es decir, los vehículos oficiales, los viáticos, los bonos de actuación, los de retiro, los seguros de gastos médicos mayores, los choferes, los asistentes, los celulares, las Ipads, etc., están claramente contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Actualmente, el total de plazas de mandos superiores de la Administración Pública Central (directas y homologadas) asciende a 51,469 funcionarios, cuyas sueldos, prestaciones y bonos representan 88 mmdp, y no 2 mmdp. Por cierto, en el 2000, antes de la llegada del PAN a la Presidencia, estas plazas doradas eran únicamente 4,021.

¿Qué tiene de populista, socialista o estatista la propuesta fiscal de AMLO? Desde Adam Smith y David Ricardo, los supuestos del capitalismo y del libre mercado es que haya un gobierno que cueste poco, que elimine la corrupción, que haga contribuir a cada quien de acuerdo a sus ingresos y que regule la competencia económica para evitar concentraciones monopólicas.

En cambio, en el capitalismo de cuates o de cómplices, las reformas fiscales son como las que han impulsado PRI y PAN en los últimos 25 años: cobrar más a los cautivos de siempre, aumentar el IVA, inventar nuevos impuestos, despilfarrar los excedentes petroleros y hacer del servicio público un botín político. Esto sí es irresponsabilidad económica.