Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios

Ene 01 1970

Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, éste es un tema trascendente, no debe pasar desapercibido el debate sobre este artículo y sobre las disposiciones que se están modificando, particularmente el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública.

En principio, pudiera comentarles que se trata de una ley centralista. Esta modificación es centralista, ataca al federalismo porque invade esferas de las entidades federativas y de los municipios.

Claro está, se ha dicho que la emergencia política en el país se deriva de la corrupción y de las cuentas, deudas y empréstitos, que gobernadores y presidentes municipales sin escrúpulos, sátrapas, corruptos han logrado generar en los estados y municipios. Pero nadie le puede quitar el carácter de centralista. Es una afrenta al federalismo mexicano.

Sin embargo, voy a plantear lo siguiente. Estoy seguro que muchos de los que aquí están coinciden conmigo, porque han sostenido durante muchos años la bandera del federalismo. So pretexto de gobernadores corruptos, no podemos retroceder en las tesis fundamentales de nuestro país, que es el federalismo. Pero miren ustedes, frente a lo que tenemos, me quedaría con la redacción actual que contiene el dictamen, no con la propuesta que ha hecho el Partido Acción Nacional, porque la propuesta que ha hecho el diputado Martín, como representante del Grupo del PAN, adolece de firmeza y adolece de contundencia.

Miren ustedes, habiendo hecho la primera advertencia de que es una ley centralista, es una modificación centralista. Pero miren ustedes lo que dice el contenido de la fracción VIII en materia de deuda pública, el artículo 73 de la Constitución. Actualmente el dictamen dice: el Congreso de la Unión sancionará y, en su caso, objetará a través de la comisión legislativa bicamaral competente y en un plazo máximo de 15 días, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.

Me quedo con esta redacción, porque la que propone el Partido Acción Nacional dice lo siguiente: la Cámara de Diputados conocerá y, en su caso, opinará. Conocerá y, en su caso, opinará. Es decir, no tiene ninguna vinculación jurídica constitucional. Los gobernadores y los presidentes municipales dirán: es otra llamada a misa de la comisión legislativa.

¿Cuál es el prurito que en el fondo existe, que es menor frente a la grave afectación del principio federalista mexicano? Ellos dicen, en el Partido Acción Nacional —y lo dijo Ricardo Mejía en una mejor redacción— que se eliminara el Congreso de la Unión para que quedara solo la Cámara de Diputados. Y en efecto, tienen razón los que así opinan, porque por naturaleza jurídica le corresponde a la Cámara de Diputados revisar, aprobar y sancionar todo lo que se refiera al Presupuesto y a la hacienda pública. Ahí no hay ninguna duda. Es más, debería ser en estricto derecho una comisión de la Cámara de Diputados. Eso sería lo correcto.

Sin embargo, los senadores se defienden de la siguiente manera, dicen los senadores: los diputados representan a la población y los senadores representamos el pacto federal, que ya no lo es tanto porque se desnaturalizó desde la primera minoría y de la lista nacional del senado. Ya no es tanto la representación estatal por parte del Senado como observación fiel del pacto federal.

Luego entonces, de verdad se los digo, si quieren frenar los excesos de los gobernadores y de los presidentes municipales con esta acción legislativa, es todavía mejor la primera redacción que contiene el dictamen. No la segunda, porque la segunda que está proponiendo el PAN dice: La Cámara de Diputados conocerá y, en su caso, opinará a través de la comisión legislativa competente en los términos que señala la ley. Es decir, incluso deja un plazo amplísimo que podrá durar meses para opinar sobre la deuda que adquiera el estado o el municipio.

En cambio, la redacción actual que viene del Senado y que está en el dictamen dice: El Congreso de la Unión sancionará y, en su caso, objetará a través de la comisión legislativa bicamaral competente y en un plazo máximo de 15 días. Es decir, para frenar todo lo que se está diciendo en la exposición de motivos es mucho mejor la redacción original en el dictamen.

Por esa razón, a pesar de que acepto que es una agresión al federalismo, pues resuélvanlo de manera correcta.

Me voy a abstener, porque he sido un federalista fiel. Y a pesar de que estoy de acuerdo con los excesos de los gobernadores y los presidentes municipales, esta ley es regresiva. Esta modificación a la Constitución es regresiva y no representa ninguna solución de largo plazo.

Ahora bien, por último, les podría decir que si ustedes leen este libro que nos regalan cada año —es una colección de libros: Los derechos del pueblo mexicano— están todos los antecedentes históricos del artículo 73 constitucional. Termino, presidente, perdón, prometo ya con esto concluir.

Si ustedes leen todos los antecedentes, refieren que la hacienda pública le corresponde desde la Constitución de Cádiz a la Cámara de Representantes, Cámara de Diputados. Esto era lo que les quería expresar.

Por eso me quedo con la redacción original y votaré en contra de la propuesta de Martín, a quien estimo. Pero que es una propuesta que no abona a darle mayor transparencia, mayor seguridad y mayor contundencia al control de las finanzas estatales y municipales del país, que esto no evita ni quita que es una modificación centralista y que atenta contra el federalismo mexicano. Muchas gracias, presidente.