Desmantelar la corrupción

Ene 01 1970

La crisis de corrupción que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas ha sido una de las más dañinas para la sociedad y la economía; detenerla no es tarea sencilla, pero es uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional. Se trata de una crisis que se acentuó en los últimos años pues, tan solo entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional.

Aunque resulta complejo saber exactamente cuánto nos cuesta la corrupción, algunas estimaciones sugieren que estos actos hacen que los países pierdan entre el dos y el 10 por ciento de su PIB. Paralelamente, los altos índices de corrupción que hemos heredado en México impactan negativamente en la relación entre la sociedad y las instituciones, debilitando la calidad de nuestra democracia y la gobernabilidad del país. De igual manera, la simbiosis entre las élites económicas y políticas que ha prevalecido durante las últimas décadas ha ocasionado que algunas pocas personas se enriquezcan de manera desproporcionada, con la complicidad de los servidores públicos de administraciones pasadas.

Existe también evidencia de una fuerte correlación entre los niveles de corrupción y los índices de inseguridad pública. Esto se debe a que los actos de corrupción permean en todas las instituciones, incluidas las de seguridad, afectando de manera directa su desempeño y eficiencia. Además, los recursos que deberían ser destinados para contar con una policía capacitada y dignificada, ante la presencia de actos de corrupción, han sido utilizados para realizar negocios millonarios cuyo objetivo no era mejorar la seguridad del país, sino generar ganancias económicas de manera ilegal.

Por estas razones, una de las prioridades en la agenda legislativa es generar los instrumentos necesarios para poder combatir las estructuras a través de las cuales se llevan a cabo los nocivos actos de corrupción. La iniciativa aprobada el martes pasado en el Senado de la República para prevenir el uso de facturas falsas y de empresas fantasmas se inserta precisamente en estos esfuerzos. Su aprobación en lo general y en lo particular, incluyendo las reservas presentadas, pone de manifiesto la voluntad existente para combatir de manera efectiva y de raíz los actos de corrupción que tanto han dañado a nuestro país, teniendo siempre presentes los valores morales de la Cuarta Transformación.

Sin duda, se trata de una iniciativa que requiere un análisis profundo e integral, pero está claro que los daños cometidos por quienes se han dedicado a vender facturas falsas y a crear empresas fantasmas trascienden el ámbito económico y afectan el orden social de la nación, y además, le niegan la posibilidad de desarrollarse a las personas que menos tienen. Por ello, combatir estas estructuras es primordial para desmantelar los esquemas a través de los cuales los actos de corrupción han sido llevados a cabo. No es una tarea sencilla, pero hemos dado un paso significativo para lograr un país sin corrupción y con mayor justicia.

 

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