Dinero privado en campaña: violación constitucional del INE

Ene 01 1970

En un hecho inédito, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, con votación dividida, declaró improcedente la solicitud de Morena de retirar el spot difundido por la organización “Mexicanos Primero”, en el cual se presenta a niños personificando a los cinco candidatos a la Presidencia de la República, haciendo un llamado a privilegiar la educación.

 

La difusión de este promocional atenta contra todo el sistema constitucional de comunicación política, cuyo postulado fundamental es que se prohíbe la contratación de propaganda política o electoral.

En el contexto histórico, la reforma al artículo 41 constitucional, llevada a cabo en 2007, establece que el acceso a los medios que poseen mayor influencia en la opinión publica en materia electoral, es decir, la radio y televisión, será exclusivamente a través del tiempo del Estado, y el precepto es muy contundente en lo que se refiere a los partidos políticos.

Incluso, precisa con claridad que ninguna otra persona física o moral puede acceder a tales medios con el objetivo de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, mediante cualquier modalidad de adquisición.

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su capítulo primero, Del Acceso a Radio y Televisión, que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular[1].

Y sobre ello, en la doctrina judicial emitida por la Sala Superior, se ha enfatizado claramente que la restricción para contratar propaganda política-electoral en radio y televisión, en el territorio nacional, o extranjero, orientada a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, no implica la transgresión a las libertades constitucionales de expresión, información y comercial de los concesionarios.

Al grado que se ha emitido la siguiente jurisprudencia:

RADIO Y TELEVISIÓN. LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL NO TRANSGREDE LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS CONCESIONARIOS.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o, 5o, 6o, 7o, y 41, base III, apartado A, de la Constitución Política Federal; 38, párrafo 1, inciso p); 49, párrafos 3 y 4; 228, párrafo 3; 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción para contratar propaganda política-electoral en radio y televisión, en el territorio nacional o extranjero, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, no implica la transgresión a las libertades constitucionales de expresión, información y comercial de los concesionarios, toda vez que es una prohibición establecida por el propio Constituyente Permanente, atento a que el primer precepto constitucional invocado establece que todo individuo gozará de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución, los que solo podrán restringirse o suspenderse en los casos que esta prevé. 

Finalmente, en la exposición de motivos de la reforma electoral de 2007, se estableció que el objetivo que se perseguía con la reforma constitucional era impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados, a través de los medios de comunicación, así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

En ese orden de ideas, la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral es a todas luces violatoria del marco constitucional, en principio, porque una asociación civil está adquiriendo tiempo en medios de comunicación y el contexto del promocional es electoral, pues su contenido se centra en hacer un llamado a conservar o fortalecer la reforma educativa, en voz de cinco niños que personifican a cada uno de los candidatos y la candidata a la presidencia. Entonces la organización “Mexicanos Primero” y demás denunciados (Televisa y Cinemex) pretenden cometer un fraude a la ley, puesto que la norma constitucional es clara y no deja espacio para una interpretación.

De esta manera, en estricto apego a la Constitución y a la ley, esperamos que el Tribunal Electoral no sólo revoque, sino que sancione a la asociación civil mencionada por su desacato abierto a la Carta Magna, toda vez que existen sanciones para cualquier persona, física o moral, que participe en la compra o aportaciones que violen lo dispuesto en la Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de ese tiempo[2].

Pero también debemos estar pendientes y llamar la atención al comportamiento de los funcionarios electorales que, como en el caso de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, violaron flagrantemente nuestra Carta Magna, sin ninguna consecuencia jurídica.

 

[1] Artículo 159, apartado 5, y 414 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[2] Artículo 456, apartado I, inciso e), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.