Espacios de detención migratoria: la penumbra total

Ene 01 1970

Recientemente se presentó en el Senado un informe acerca de las detenciones migratorias realizadas en el sexenio pasado preparado por distintas organizaciones de la sociedad civil: Sin Fronteras, FUNDAR y ASI-LEGAL. Los autores concluyen que la administración de 2012-2018 estableció la detención como base de su política migratoria, indicando que un tercio de los migrantes fueron detenidos por distintos agentes del Gobierno (Instituto Nacional de Migración u otras agencias). Considerando que en México no es ilegal migrar sin documentación, dichas conclusiones resultan alarmantes.

El reporte también indicó ciertas inconsistencias con lo que se exige para asegurar el buen trato de migrantes mexicanos y lo que sucede en nuestro país con migrantes centroamericanos. Sin duda, los estándares internacionales están lejos de cumplirse: las niñas y los niños son privados de su libertad; el personal encargado de los centros de detención carece de capacitación; y éstos siguen un modelo penitenciario, dentro del cual no existen las suficientes protecciones para mujeres y menores, ni para personas con mayores vulnerabilidades, entre muchas otras carencias.

Sin embargo, un punto particularmente alarmante es la abismal diferencia entre los presupuestos aprobados para el INM y los presupuestos ejercidos. Según el reporte, los gastos ejercidos desde 2014 hasta 2017 fueron casi siempre mayores al doble de lo asignado, hasta casi alcanzar el triple del presupuesto etiquetado en 2017. El 2014, (año durante el cual se registró la menor diferencia) supone un exceso de 1,778 millones de pesos.

La falta de transparencia en los espacios de detención migratoria es entonces doble: es una opacidad del trato y la vulneración a los derechos humanos, tanto como es una opacidad en el uso de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que con más del doble del presupuesto asignado continuaran existiendo condiciones tan deplorables?

Vale la pena tomar nota de las conclusiones y recomendaciones del reporte para avanzar hacia una política más humana y menos enfocada en priorizar las consideraciones de “seguridad nacional” de terceros.