Estallido social y el sureste mexicano

16 Abr 2013

La pregunta estalló en Japón: “¿Se corre el riesgo de un estallido social en México?” La respuesta: “Yo no lo veo. Me parece que ésta es una pretensión o señalamiento suyo, que no reconozco ni advierto pueda ocurrir en México”, apuntó el mandatario mexicano a la periodista japonesa.

La interrogante sonó como balazo en catedral, sobre todo cuando en Estados Unidos y en Europa se habla únicamente del “mexican moment” (el mm de las reformas económicas, que nos dibujan como una potencia…, en potencia); pero estos estallidos de júbilo por expectativas futuras de realización incierta no pueden ni deben opacar los indicadores de potenciales estallidos sociales del presente, que lo mismo se perciben en México que en Asia.

Más aún, el estallido social no es un asunto de ideología o descalificación política, sino de  indicadores empíricamente constatables, medibles y verificables. Allí está, por ejemplo, el índice de Estados Fallidos elaborado por la revista Foreign Policy y el Fondo por la Paz, donde la diferencia entre un estado fallido y un estallido social es una escala de juicios de hecho, no de visiones subjetivas.

En el reporte 2012, México se ubica en el lugar 98 entre 178 países. Si bien mejora su situación cuatro lugares en relación al 2011, cuando estuvo en la posición 94, aún se encuentra en un “estado de advertencia” con 73.6 puntos de “falibilidad”.

No somos Somalia ni la República Democrática del Congo ciertamente. Pero estamos distantes de Brasil, Argentina y Chile, para no mencionar a los que encabezan la lista de “Estados Sustentables” como Finlandia, Suecia y Dinamarca.

En la evaluación de 12 indicadores clave, México resulta con notas preocupantes en corrupción, crimen, recaudación fiscal deficiente, tejido social debilitado, crecimiento económico débil, derechos humanos, persecución institucionalizada, desigualdad, discriminación, presiones demográficas severas, fuga de cerebros y decadencia en el medio ambiente.

Si mexicanizáramos el índice de Estados Fallidos, tendríamos nuestras entidades de alerta y advertencia en el sur y sureste; especialmente los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.

Aquí los indicadores del “ánimo social” de los ciudadanos está por los suelos. Cuestión de ver los síntomas de descomposición. Por ejemplo, en el último año, las ejecuciones han ido en ascenso en toda esta región. Lo mismo acontece con otros delitos de alto impacto social como los secuestros y las extorsiones. No en balde la aparición de policías comunitarias y grupos de autodefensa se ha presentado de manera destacada en esta región.

El desempleo, en términos regionales, es más fuerte en el sur y sureste que en el resto del país. Cuando se abre una empresa en estos estados, es porque dos ya cerraron antes.

Aquí es donde también se ubican los municipios con fenómenos colectivos de hambruna, desnutrición y salud precaria, donde niños y ancianos mueren por enfermedades curables.

Aquí, en estos estados, y especialmente entre las comunidades rurales e indígenas, la figura más respetada y escuchada es el maestro. Lo es más incluso que el sacerdote, los doctores y, por supuesto, las mismas autoridades.

Recordemos que en estos estados los movimientos de protesta social han sido iniciados por maestros,  a quienes luego secundan las comunidades. Muchos de esos movimientos luego terminan en estallidos, por la desesperación y la represión.

Por ello es muy peligroso y arriesgado lo que está ocurriendo en el sureste. No hay que minimizarlo ni marginarlo. Tampoco hay que enfrentarlo con una visión burocrática de que es un tema de tal o cual estado, de tal o cual gobernador, y no una tendencia regional. Mucho menos, intentar solucionar esta situación de riesgo con represión política, porque sería incendiar la pradera.

Ciertamente no hay derecho contra el derecho. Pero tampoco hay derecho a la exclusión y a la marginación de un sector magisterial. Si la letra con sangre nunca ha entrado, una reforma  impuesta a toletazo limpio tampoco será la mejor carta de presentación de una educación de calidad.

Aún es tiempo para escuchar a los maestros inconformes, antes de que la sordera política sea el detonador de un estallido social.

Aclaración: en relación a la colaboración anterior, “Cruzada contra el hambre o hambre por las cruzadas”, don Rubén Martínez Rodríguez nos precisa que 900 mmdp entre 54 millones de mexicanos corresponden 16 mil 666 pesos aproximadamente a cada uno, no 16 mdp. Por otra parte, 300 mil dólares a un tipo de cambio de $12.47, equivale a 3 millones 741 mil pesos. Si consideramos que la ayuda mensual a los adultos mayores es de 550 pesos, los probables honorarios pagados al expresidente Lula Da Silva por una presentación pública equivaldrían a la pensión de 6 mil 802 adultos mayores en pobreza, aproximadamente.