Experiencias y prácticas anticorrupción

Ene 01 1970

La posibilidad de llevar a juicio al presidente de la República en funciones, por hechos de corrupción, es un poderoso mensaje a la clase política.

 

Los países con prácticas exitosas en materia anticorrupción comparten cuatro políticas públicas básicas: leyes e instituciones especializadas en su prevención y combate; castigos ejemplares, con penas rudas y duras; educación y cultura cívicas orientadas a la integridad pública; y mecanismos de participación ciudadana directa a través de la denuncia, la fiscalización y la evaluación de los programas contra la corrupción.

En México hemos dedicado amplios esfuerzos y recursos fiscales a la primera dimensión. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid, quien planteó la “renovación moral de la sociedad”, hasta nuestros días, se ha desarrollado un robusto sistema de leyes e instituciones, pero lamentablemente la corrupción sigue sin detenerse.

Respecto a las penas y castigos, se ha registrado de hecho un relajamiento, tanto en lo recuperado cada año por desvíos e irregularidades, como en la penalidad prevista por el marco legal. Por ejemplo, en enero de 1994 se retiró la corrupción del catálogo de delitos graves, mientras que las multas sin cobrar se acumulan cada año, desnaturalizando la labor de los órganos de control y fiscalización, como las auditorías superiores de la Federación y los estados.

En materia de educación y cultura cívicas es conocida la “reforma educativa” que retiró la asignatura de Civismo, y es una realidad el crecimiento de toda una generación de jóvenes que se acogieron a la divisa “el que no transa, no avanza”, antesala de la apología del delito que hoy tiene a personajes de la delincuencia organizada como referente de vida.

Respecto a la participación ciudadana directa en la denuncia, prevención y fiscalización de la corrupción, sí ha habido avances importantes, que después alcanzan rango de políticas públicas, como la iniciativa 3 de 3 y los observatorios ciudadanos anticorrupción; pero aún faltan por desarrollar tramos largos de participación directa, como las contralorías ciudadanas y los circuitos sociales de integridad. Sin pasar por alto que algunas (no todas) de estas organizaciones son formalmente no gubernamentales, pero materialmente dependientes de grupos de interés o de presión económica o política.

Después de los precarios resultados en materia anticorrupción, es claro que con más burocracia administrativa, judicial o legislativa no vamos a combatir satisfactoriamente este flagelo.

Sí es muy importante, aunque no suficiente, endurecer las leyes anticorrupción, como se ha hecho en los últimos meses, al incluir nuevamente a la corrupción como delito grave y facilitando la extinción de dominio para la recuperación de los recursos sustraídos a la nación.

De la misma manera, la posibilidad de llevar a juicio al presidente de la República en funciones, por hechos de corrupción, es un poderoso mensaje a la clase política en la dirección correcta, al que deberán sumarse en su momento gobernadores y presidentes municipales.

Pero la dimensión más importante que aún no se ha fortalecido en México, y en la que realmente se marcaría una diferencia, es la ciudadanización de los procesos de prevención, fiscalización y evaluación de las políticas anticorrupción.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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