Filantropía, acceso desigual

14 Mar 2017

El Padre Alejandro Solalinde tiene un albergue para migrantes, Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, a un costado de las vías por donde transita “La Bestia”. Ofrece asistencia humanitaria a poco más de 20 mil personas al año, en su mayoría centroamericanos (mujeres, jóvenes, niñas y niños sobre todo), que abandonan sus comunidades de origen con la esperanza de una mejor vida en los Estados Unidos.

El albergue ofrece posada, alimentos, apoyo médico, ayuda sicológica, asesoría legal y consuelo espiritual a quienes huyen de la pobreza, la violencia y el hambre en su países.

Como un reconocimiento a la lucha que ha librado por igual contra las penurias económicas y el acoso de políticos y criminales en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, el Padre Solalinde acaba de ser propuesto al premio nobel de la Paz 2017.

Para financiar su labor filantrópica, Solalinde realiza colectas, donaciones y actividades deportivas, entre otras acciones. Con una década de existencia, los fondos del alberge Hermanos en el Camino están muy lejos de los 414 millones de pesos que en cinco años ha recibido UNETE o de los 135 millones de pesos que únicamente en 2016 manejó México Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sólo por mencionar dos ejemplos.

Por su labor humanitaria, ni Solalinde ni los voluntarios del albergue reciben propiamente un sueldo. Los gastos monetarios fijos no rebasan los 100 mil pesos mensuales, incluida la remuneración del sacerdote. Esto contrasta con el sueldo de los ejecutivos de otras asociaciones “no lucrativas” que oscilan entre 100 y 350 mil pesos mensuales.

En el país existen más de 30 mil organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) (registro oficial hasta agosto del 2015), mediante las cuales se busca fomentar la rendición de cuentas, el fortalecimiento del tejido social, la calidad educativa, el desarrollo humano integral, la cultura de la legalidad y lo más importante, acrecentar el capital social positivo del país. Este capital social positivo es esencial para dar mayor calidad a nuestra democracia (que implica ir más allá de respetar únicamente el sufragio y saber contar los votos en las urnas), y superar el clima de violencia y degradación que implican las conductas antisociales negativas.

En los últimos 10 años el presupuesto público destinado a las OSC ha pasado de mil 232 millones de pesos en 2005 a seis mil 779 millones de pesos en 2015.

No obstante este incremento, la mitad de las OSC están en peligro de extinción por falta de apoyos, ya que la desigualdad y la injusta distribución de los recursos destinados a la filantropía sigue los mismos patrones de la concentración de la riqueza y de las oportunidades económicas que se observan en el país. Unos cuantos privilegiados concentran o monopolizan esos recursos, en detrimento del resto de las asociaciones civiles.

Esta desigualdad se vuelve más indignante cuando el acceso a los apoyos es producto del conflicto de intereses, del tráfico de influencias y de la opacidad en su administración. Cuando esto sucede ya no hablamos de filantropía propiamente dicho, sino de una abierta satrapía y perversión.