Hágase la austeridad en las mulas… de todos

Ene 01 1970

El presidente electo, AMLO, anunció que ganará 108 mil pesos mensuales. ¿Es legítimo que servidores públicos de otros poderes y órdenes de gobierno ganen más que el titular del Poder Ejecutivo federal?

 

Una de las interrogantes de estos días es si los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, gobernadores y alcaldes, entre otros, asumirán la política de austeridad que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador instrumentará de inmediato en el Poder Ejecutivo, una vez que asuma la Presidencia el próximo 1 de diciembre.

La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Sin lugar a dudas que sí.

El concepto austeridad republicana no sólo contiene una visión filosófica sobre la moderación y la equidad que debe prevalecer en el ejercicio del servicio público, sino en el alcance y la cobertura de la misma, la cual comprende al conjunto de los poderes y órganos que integran la res pública, la vida pública del país.

Con esta visión, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, con apoyo de sus aliados, impulsará que la austeridad republicana no sea una decisión opcional para los poderes y órdenes de gobierno, sino que se convierta en una política del Estado mexicano en su conjunto. Es decir, que sea de observancia obligatoria para los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y para los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios), así como para los órganos autónomos.

¿Cómo se procesará esta política de Estado? Mediante el diálogo, el mayor consenso posible y con la fuerza del derecho constitucional y de las leyes que sea necesario emitir.

Una de las cuestiones centrales por definir es la política salarial en el servicio público. ¿Cuánto es lo máximo que debe ganar el presidente de la República, un senador, un diputado federal o local, un ministro de la Suprema Corte, un gobernador, un alcalde?

¿Qué indicadores económicos, de mercado laboral y de ética política se deben considerar para fijar esta política salarial del servicio público?

¿Cómo determinar el punto óptimo entre ingreso salarial, por un lado, y eficiencia y calidad del servicio público, por el otro?

El presidente electo anunció que ganará 108 mil pesos mensuales por desempeñar el cargo público más relevante, trascendental e importante en nuestro país. ¿Es legítimo que servidores públicos de otros poderes y órdenes de gobierno ganen más que el titular del Poder Ejecutivo federal?

Un primer paso es permitir, alentar y estimular que los poderes, órdenes de gobierno y organismos descentralizados presenten su propuesta de austeridad y racionalización presupuestal de manera autónoma, abierta y transparente.

El Poder Judicial federal acaba de comprometer una propuesta de reducción en su gasto operativo de hasta 5 mil millones de pesos. Es un buen primer paso.

En la Cámara de Senadores se está proponiendo reducir, de inicio, 1 500 millones de pesos.

Hay dependencias del Ejecutivo federal que están preparando ahorros hasta por un 30 %, o más, de su estimación presupuestal del próximo año, y así sucesivamente.

Los límites de este ejercicio de austeridad gubernamental son los derechos laborales de las y los trabajadores de base, y las garantías básicas para la prestación eficiente, oportuna y eficaz de un servicio público.

Acortar la distancia entre el ingreso salarial del trabajador o trabajadora de limpieza que diariamente asea las oficinas en el Senado, y lo que percibirán las y los legisladores, no sólo es un tema de ética y congruencia política para quienes proponemos una sociedad con menos desigualdad, sino un imperativo económico para dar mayor orientación productiva y eficiencia social al gasto del Estado mexicano.

Los salarios en el servicio público deben servir para acortar distancias sociales, no para profundizarlas.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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