Inseguridad nacional legalizada

Ene 01 1970

Luego de una sesión fast track en la Cámara de Diputados, de una maratónica en el Senado de la República, y otra casi de trámite en la propia Cámara baja, finalmente el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior propuesto por el Ejecutivo federal, que promulgó esta legislación hace doce días.

 

A unas semanas de la aprobación de esta Ley, la ciudadanía ha expresado una serie de inquietudes que han encontrado coincidencia en la opinión del Parlamento británico, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, entre otros organismos e instancias. Concuerdan en la exigencia de dar marcha atrás a esta legislación.

La protesta más generalizada señala que con esta ley las Fuerzas Armadas tienen permiso para hacer uso de la fuerza en contra de las personas que deberían proteger; pero además, que todas las acciones que aquéllas emprendan en contra de la población civil estarán resguardadas y no podrán ser del conocimiento público, porque serán consideradas como información de seguridad nacional; es decir, la Ley de Seguridad Interior obstaculizará la transparencia y el acceso ciudadano a la información, lo que da carta abierta a la impunidad. La rendición de cuentas será discrecional, con toda la gravedad que ello implica.

De manera muy precisa, la ONU ha expuesto las razones por las cuales se opone a la aprobación de esta Ley:

· Faculta a militares a realizar funciones que no les corresponden.

· Sus conceptos son ambiguos y permiten usar al Ejército de forma arbitraria.

· Su entendimiento del “uso legítimo de la fuerza” no se ajusta a estándares internacionales.

· Permite a las Fuerzas Armadas actuar sin subordinarse a las autoridades civiles.

· Sus controles y mecanismos de rendición de cuentas son frágiles y limitados.

· Pone en riesgo el ejercicio de la protesta social.

 · Inhibe la transparencia y el acceso a la información.

 · Usa el concepto de seguridad interior asociado a regímenes autoritarios.[1]

Se asume que la vaguedad en la redacción de esta ley es intencional y permitirá, por ejemplo, que protestas sociales puedan ser consideradas “no pacíficas” y en consecuencia que la represión por vía de la intervención de las Fuerzas Armadas será legítima; más aún: que cada una de sus acciones se podrá implementar sin protocolos de resguardo a los derechos humanos, toda vez que únicamente se menciona que éstos “se resguardarán”, sin especificar los mecanismos para ello.

Es innegable que ya sin una ley que otorgara semejante libertad de acción a las Fuerzas Armadas se sucedieron casos de ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército, como en Ojinaga, Palmarito o Tlatlaya, y que las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos se cuentan por cientos, pero que sólo un porcentaje ínfimo ha alcanzado una sentencia condenatoria. ¿Qué va a pasar ahora?, se preguntan legítimamente la población, la sociedad civil, académicos, expertos y organismos internacionales.

En el año más violento de los últimos 20, y en el más terrible del sexenio, con 10 mil ejecuciones, el Estado está concediendo a sus Fuerzas Armadas la potestad de convertirse en otro verdugo de la población, con el aval de una legalidad que todas las voces no gubernamentales han reprobado, pero que han sido desoídas.

Ya legisladores, organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de los derechos humanos señalaron que proyectan interponer recursos legales en contra de la aprobación. Es de esperar que ello suceda antes de que se dé alguna tragedia que lamentablemente les conceda razón y de la que sin duda conoceremos, a pesar de la opacidad regulada que pretendería enturbiarla.

[1] Información recuperada de ONU-DH México (https://twitter.com/ONUDHmexico).