Justicia sin cabeza

Ene 01 1970

La reforma judicial liberó a la justicia de la cadena del Ejecutivo, para ahora ser rehén del Legislativo, en especial, de una de sus expresiones más perniciosas: la partidocracia.

 

A la estadística de descabezados habrá que sumar el sistema de procuración de justicia. Los tres órganos superiores que la representan —Procuraduría General de la República, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales— están sin titular.

La PGR funciona con un encargado de despacho a la renuncia del procurador Raúl Cervantes, quien dejó el cargo para facilitar la designación de quien será el primer fiscal general de la nación, una vez que se instrumente la reforma al Ministerio Público, que entra en vigor el próximo año.

Con dicha reforma, “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”, de acuerdo con las nuevas disposiciones del artículo 102 constitucional.

Sustraer la procuración de justicia del ámbito del Poder Ejecutivo, crear un órgano autónomo, con patrimonio y presupuesto propios, como son el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y una decena de organismos más, es una buena idea, pero está siendo mal aterrizada.

Estamos en una peculiar transición. Los organismos autónomos forman un sistema multipolar de pequeños poderes o una estela de satélites de poder, que aún no cristaliza en un sistema eficiente y alternativo al régimen presidencialista, pero sí han logrado desmantelar y reducir crecientemente los alcances del Ejecutivo plenipotenciario.

Se supone que con el nuevo sistema de procuración de justicia, montado en varias fiscalías autónomas del Ejecutivo, se despolitizaría su función y mejoraría la impartición de justicia en el país.

Pero estamos lejos de eso. La reforma judicial liberó a la justicia de la cadena del Ejecutivo, para ahora ser rehén del Legislativo, en especial, de una de sus expresiones más perniciosas: la partidocracia. Una de las prácticas que más han neutralizado los potenciales beneficios de las nuevas instituciones autónomas es la designación de sus funcionarios por el sistema de cuotas partidistas.

Los partidos con mayor numero de legisladores designan por igual a ministros de la Suprema Corte que a consejeros electorales del INE; comisionados de telecomunicaciones que magistrados electorales; presidentes de las comisiones de derechos humanos que comisionados del Servicio de Administración Tributaria.

El descabezamiento que vive el sistema de procuración de justicia es la obra más acabada de esta práctica de designar responsables de los organismos autónomos por el sistema de cuotas. Lejos de volverse un ejercicio democrático y transparente de negociación, lo que vemos es un juego de vencidas entre los partidos por colocar a sus incondicionales. De esta forma, los organismos autónomos se convierten en instituciones autómatas, que son gobernadas, tripuladas y mangoneadas desde instancias partisanas.

Es necesario involucrar más participación de la sociedad civil organizada en la designación de estos funcionarios. Las universidades, los colegios de profesionistas, los institutos de investigación, las organizaciones no gubernamentales, tienen mucho que proponer y promover para que estas instituciones cumplan plenamente con los objetivos para los cuales fueron creadas.

De otra forma, desplazar la dictadura del presidencialismo por la supremacía de la partidocracia tampoco es democracia. La participación de la sociedad civil organizada es lo que hace la diferencia.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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