La heteronomía de los órganos autónomos

Ene 01 1970

Existe un diferendo entre el Ejecutivo y los promotores de los “órganos constitucionales autónomos”, que es más terrenal que doctrinal. No es de pesos y contrapesos, sino de pesos y centavos.

Desde su nacimiento en el siglo XIX, el Estado mexicano ha presentado tendencias autonómicas en su configuración y estructura.

La más orgánica y conocida es la estructura federal, que se adoptó después de una larga disputa entre liberales y conservadores, y que el porfirismo resolvió de una manera pragmática: Estado federal en la forma, Estado centralista en la práctica.

Desde entonces, los estados son “libres y soberanos” en la forma, pero dependientes y heterónomos del centro, y de la Hacienda Pública Federal, en el fondo.

El segundo ejemplo de autonomías relativas o heterónomas son las universidades públicas. Libres e independientes para organizarse internamente y brindar el servicio público de la educación superior; dependientes y subordinadas a la disponibilidad de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El tercer gran ejemplo es la actual constelación de “órganos autónomos constitucionales” (Banxico, CNDH, INE, INEGI, COFECE, IFT, INAI, CONEVAL, CRE, FGR), que desde la década de los noventa el llamado “neoliberalismo económico” empezó a adherir a la estructura fundacional de los tres poderes autónomos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

El diseño constitucional de este tipo de autonomías está claramente orientado a tres funciones: acotar las facultades del Ejecutivo; profesionalizar las tareas técnicas de una administración pública cada vez más compleja y, por supuesto, evitar que modelos políticos y económicos distintos al neoliberal logren modificar las políticas públicas de su matriz de origen.

Estos órganos de Estado son autónomos del Ejecutivo, ciertamente, pero heterónomos de otros poderes. Esta subordinación puede ser de iure (Legislativo y Judicial) o de facto, como grupos de interés económico o de presión política. Esta dependencia se expresa de diferentes formas: desde la definición del perfil de sus integrantes, hasta el modo de nombrarlos o removerlos; desde la orientación de sus decisiones, hasta la evaluación de sus acciones; desde la asignación de sus presupuestos, hasta la manera de fiscalizarlos. Es decir, son órganos con una autonomía relativa y una heteronomía estructural a la vez.

Actualmente, existe un diferendo entre el Ejecutivo y los promotores de los “órganos constitucionales autónomos”, que se quiere presentar como un intento por desaparecerlos y “restaurar el centralismo presidencial”.

Considero que el diferendo es más terrenal que doctrinal. No es de pesos y contrapesos, sino de pesos y centavos. La Ley de Austeridad Republicana y el tope a los sueldos de los directivos de estos órganos han evidenciado su naturaleza heterónoma. Anclar la autonomía de los órganos en cuestión a la irreductibilidad de los sueldos de sus integrantes —en lugar de basarla en el desempeño o utilidad social de sus funciones—, es ponerle la soga al cuello a las propias instituciones.

Defender los altos presupuestos de cualquier aparato burocrático en cualquier parte del mundo contemporáneo siempre termina por deslegitimar más a esos aparatos, que por legitimar sus nobles y necesarias funciones.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA