La otra reforma educativa

Ene 01 1970

Del paquete de 10 “reformas estructurales” (en realidad, reformas sectoriales) que promovió el gobierno del presidente Peña Nieto, la mejor aceptada por la población fue la educativa.

 

¿Quién puede oponerse a que mejore la calidad de la educación en el país? ¿Quién puede estar conforme con un sistema educativo que condena al rezago tecnológico y pedagógico a millones de niñas, niños y jóvenes, comparados con estudiantes de otros países? ¿Quién puede avalar un gasto público educativo cuyos beneficios se quedan en el camino (burocracias gubernamentales y sindicales), en lugar de reflejarse en mejores aulas, escuelas tecnificadas o más centros de educación superior para jóvenes rechazados?

Impecable en sus fines, la reforma educativa naufragó por la manera de instrumentarla y por los medios autoritarios usados para imponerla.

Al enfocarse en la relación laboral del gobierno con las y los profesores, se convirtió en una puntillosa reforma laboral patrón-empleado, dejando de lado la reforma de contenidos pedagógicos, métodos de enseñanza y procesos de aprendizaje, que son el eje de una verdadera reforma de la educación.

Convertir a las y los maestros en el principal escollo y no en el principal aliado de la reforma educativa, fue el error original y originario de la reforma que hoy se pide derogar.

El diseño y la visión de la actual reforma corresponde más a la de un gerente o propietario de un colegio privado (el patrón), que a la de un estadista que diseña políticas públicas para los próximos 50 años, que incorporen las propuestas de docentes, madres y padres de familia, académicos y especialistas en temas educativos.

Hasta el momento, de los cinco contendientes a la Presidencia de la República, sólo los tres con mayores posibilidades (AMLO, Anaya y Meade) han fijado posiciones o presentado propuestas sobre este tema. Los independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, El Bronco, solamente han promovido hasta ahora declaraciones o posturas mediáticas.

AMLO es el único que ha planteado abiertamente la revisión integral de la reforma, con base en los siguientes 10 puntos:

1) Fortalecer la educación pública como derecho fundamental de las y los mexicanos

2) Alimentación para estudiantes de educación básica de las zonas marginadas

3) La y los estudiantes de nivel medio superior recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales para evitar la deserción escolar

4) Terminar con el rechazo de aspirantes a las universidades públicas

5) Fortalecimiento de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional para mejorar la calidad de la educación

6) Cancelar la reforma educativa, haciendo uso de las facultades del Ejecutivo, para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional

7) Plan educativo nacional, con participación de docentes, padres y madres de familia y personas expertas en pedagogía

8) Respetar la independencia y autonomía del magisterio

9) Impulsar la educación indígena

10) Suspender las cuotas que pagan padres y madres de familia para mantenimiento. Destinar recursos a la infraestructura escolar e introducir internet público gratuito

Sobre el tema de la evaluación magisterial y la contratación de nuevas plazas mediante exámenes de concurso, el candidato puntero en todas las encuestas no hizo señalamiento alguno.

Rechazada por la mayoría del magisterio y esperada por la mayoría de la población —en especial las madres y los padres de familia—, la reforma educativa irá a las urnas el próximo 1 de julio. Veremos qué propuesta convence más: mantener o revisar la reforma.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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