Los expresidentes y las estatuas de sal

Ene 01 1970

Cuando el pasado pesa, hay que aligerarlo. Es el caso del tiempo presente mexicano, que está lleno de agravios de todo tipo (políticos, sociales, económicos, generacionales, culturales), y que se busca dejar atrás.

 

Buena parte del triunfo de Morena se debe a que supo dar forma y cauce a esa estela de agravios acumulados, mediante una propuesta de gobierno que hoy se conoce como la “4T” o Cuarta Transformación, en la que la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción son algunos de los ejes centrales.

Hasta ahora, el titular del Ejecutivo, AMLO, ha ido desmontando todos y cada uno de los símbolos o íconos más representativos del poder presidencial del antiguo régimen: desde convertir Los Pinos en un museo, hasta vender la flota aérea y vehicular de la Presidencia.

Derribó los símbolos celestiales del poder presidencial y lo volvió terrenal, al alcance de la mano.

Sin embargo, una de la decisiones cruciales de este retiro de símbolos es precisamente qué hacer con quienes los usufructuaron; es decir, qué hacer con los ex presidentes de la República.

El presidente ha propuesto una modalidad de amnistía llamada “punto final”. Consiste en perdonar todos los presuntos abusos de poder, especialmente los que tengan que ver con corrupción, desde Ernesto Zedillo hasta Peña Nieto. No incluye a Luis Echeverría, seguramente por dos factores: la edad del longevo expresidente y el hecho de que ya fue acusado y exonerado de genocidio.

Justo el caso de Luis Echeverría ilustra lo difícil que es llevar a juicio a un expresidente, sin caer en una especie de decepción colectiva, por los magros resultados de estos procesos. Sin embargo, la presión ciudadana por hacer algo contra los expresidentes existe y es real.

La opción que ha planteado el presidente AMLO es someter a una consulta ciudadana la decisión: punto final o juicio por corrupción y abuso de poder. Esto implica modificar previamente el artículo 35 constitucional, a fin de que la consulta por realizarse tenga carácter vinculatorio y fundamento legal.

El “punto final” o amnistía presidencial tiene que ver más con lo complicado del proceso jurídico que con un acuerdo de poder inconfesable, además de una actitud política ante el pasado.

Si tuviéramos que ilustrar esta actitud nos valdríamos del pasaje de Sodoma y Gomorra y sus estatuas de sal. Era tal la degradación de estas ciudades bíblicas, que más valía dejarlas atrás que tratar de redimirlas. Y cualquier intento por regresar sobre sus pasos convertiría en estatua de sal a quien lo hiciera.

En este sentido, más vale dejar atrás el antiguo régimen presidencial de corrupción y abusos, que ya recibió su castigo ciudadano en las urnas, y empezar un nuevo régimen político libre de esos lastres.

Para procesar judicialmente a los expresidentes existe ya una Fiscalía General de la República, independiente y autónoma, que decidiría su suerte, en caso de que la consulta ciudadana se pronunciara por un “Sí” al juicio.

Para construir hacia el futuro un nuevo régimen libre de corrupción está la propuesta de “punto final”, en la cual el presidente y el gobierno no pueden girar ni caminar hacia atrás sin convertirse en estatuas de sal, es decir, sin quedar paralizados (y salados) en el intento.

 

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