¿Militarizar la sucesión presidencial?

Ene 01 1970
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En la sucesión presidencial de 2006, Vicente Fox promovió una campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador, presentándolo como un peligro para México. Acudió para ello a movilizar a los principales grupos empresariales del país en contra del tabasqueño. Ellos diseñaron, financiaron y operaron la llamada “guerra sucia” que equiparaba a AMLO con Hugo Chávez, esparcían rumores de que expropiaría casas, empresas y predios, y que el comunismo se apoderaría del país. El resultado de esa guerra de odio  fue un conflicto poselectoral del que aún rescoldos.

Hoy se pretende reeditar aquella película de odio y miedo en la llanura. Al estar nuevamente arriba en las preferencias electorales y con los vientos a su favor tan fuertes o más que hace 11 años, el gobierno en manos del PRI busca confrontar a AMLO con las fuerzas armadas. Lo hace en el momento en que se debate en el congreso una controvertida Ley de Seguridad Nacional que busca legalizar las tareas de seguridad civil que ya realizan las fuerzas armadas desde hace una década de manera irregular, y además pretende ampliarlas hasta poder instaurar una especia de “estados de sitio locales” o regionales.

La oposición del partido Morena a esa ley y las críticas de AMLO a la estrategia de seguridad misma que  ha desplegado el actual gobierno federal, y que poco o casi nada se diferencia de la del gobierno panista de Felipe Calderón, es lo que ha sido utilizado por el gobierno federal para confrontar al Ejército con el precandidato presidencial más aventajado. Reconstruyamos la historia.

Primero fue Nayarit. Después Nueva York. Más adelante será twitter, facebook o cualquier foro donde AMLO exprese su opinión sobre el papel de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad y en la estrategia errónea, equivocada y costosa –en más de un sentido– de tener al ejército en las calles desempeñando funciones de policía civil.

AMLO señaló que entre las víctimas de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y una célula del crimen organizado en Nayarit habría menores de edad. Esto irritó enormemente al gobierno. Se le exigió que presentara pruebas y se le acusó de hacerse eco de una estrategia muy socorrida de los carteles de la droga que buscan desacreditar al Ejército presentándolo como “mata niños”.

Antes de AMLO, al menos tres portales de Nayarit habrían reportado algunos menores de edad entre las víctimas del enfrentamiento en Nayarit.

Ese hecho concreto puede ser falso pero no falaz, ya que desde 2007 la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional e investigaciones propias de medios de comunicación, como la revista Proceso, han presentado informes contundentes sobre los niños y jóvenes victimizados en esa guerra tan irracional como ineficaz. En una década, son más de dos mil las víctimas menores de edad.

Ahora bien, AMLO nunca ha dicho que las fuerzas armadas se dedican a asesinar de manera indiscriminada a menores de edad. Sin embargo, la estrategia del juego político “tírenle al moreno” busca presentarlo de esa forma, a fin de confrontarlo con la única institución del Estado mexicano que aún guarda altos niveles de aceptación y respaldo entre los ciudadanos.

El segundo episodio para amarrar navajas con el Ejército se presentó en Nueva York. Cuando Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se acercó a la camioneta que trasladaba a AMLO y le reclamó su presunta afinidad partidaria con Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y José Luis Abarca, expresidente de Iguala, la respuesta del dirigente de Morena fue: “tienes que reclamarle al Ejército, a Peña, no a mí”. La misma posición mantendría en la conferencia del Club Nacional de Prensa: “el reclamo tiene que ser al régimen, a Peña, a las fuerzas armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros”.

La reacción fue una embestida de Estado, donde además de algunos miembros del gabinete de seguridad, se sumaron diputados y senadores de diversos partidos políticos. A una sola voz y con la misma tonada, pedían que probara ante el Ministerio Público la participación del Ejercito en ese crimen, cuando nunca acusó o imputó a las fuerzas armadas de algún delito. Pedir cuentas a una autoridad –no a un particular– por un hecho delictivo, no es imputarle responsabilidad en el mismo.

En este intento de enfrentar al Ejército con AMLO, el gobierno ha caído en una contradicción: durante año ha solicitado “no sacar raja política” a partir de un problema tan delicado como es la inseguridad y el papel del ejército en su prevención y combate. Sin embargo, de cara la sucesión presidencial adelantada del 2018, y ante el avance de AMLO y Morena en todas las encuestas conocidas hasta ahora, ha sido el propio gobierno quien está politizando el tema de la seguridad nacional y llevándolo al terreno de la lucha preelectoral. Prueba de ello es que el debate y la defensa de la participación de las fuerzas armadas no lo está llevando el titular de ningunas de las secretarías directamente involucradas, como SEDENA y Marina, sino el responsable de la política interior y aspirante presidencial priista mas adelantado.

La pregunta pertinente es si además de sacar raja política, el gobierno busca dar un paso más allá: militarizar el debate presidencial y la elección presidencial del 2018, para convertir el proceso electoral en una suerte de referéndum sobre un tema clave: ¿debe el Ejército seguir en las calles o debe regresar a los cuarteles? Como una buen parte del electorado simpatiza con la primera opción, es por ello que se busca ahora enredar a AMLO y presentarlo como contrario a un sentimiento ciudadano generalizado.

Sin embargo, AMLO no morderá el anzuelo, a juzgar por la forma prudente y responsable como ha respondido a esta nueva guerra sucia. Y es que no es lo mismo la película de terror Chucky I que la Chucky II. Ya la gente no se asusta, adivina la trama y sabe que el peligro real no está en buscar un cambio verdadero, sino en continuar con la actual política de degradación y despeñadero que han seguido tanto el PRI como el PAN desde la presidencia de la República.

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