¿Quiénes son los populistas?

14 Jun 2012

Los candidatos a la Presidencia han presentado sus promesas y compromisos de campaña. Enrique Peña Nieto (PRI) ha posicionado la “seguridad social universal” como su compromiso paraguas (un solo sistema para integrar pensiones, seguro de desempleo y atención médica, con independencia de la situación laboral del solicitante). Por su parte, Josefina Vázquez Mota (PAN) ha ofrecido la pensión universal para adultos mayores, guarderías para niños de madres solteras y apoyos a las mujeres trabajadoras, entre otros programas sociales.

Las promesas y compromisos de ambos candidatos comprometen recursos fiscales por alrededor de un billón de pesos cada uno; es decir, alrededor de 7 puntos del PIB. La pregunta es: ¿de dónde van a sacar esta cantidad de recursos, si la secretaría de Hacienda ha señalado que el Presupuesto de Egresos de la Federación no tiene márgenes para reasignar partidas y recursos?

Ambos candidatos han cuestionado la propuesta de López Obrador de reasignar 300 mmdp a través de recortes y reducciones, diciendo que las cuentas no le dan ni le cuadran. La pregunta entonces es: ¿Cómo le van a hacer ellos para financiar sus promesas de gobierno que implican tres veces más que lo ofrecido por AMLO?

Es importante que así como los medios de comunicación, en su legítimo derecho de cuestionar y expresar sus opiniones, han puesto la lupa en la propuesta fiscal de López Obrador, también deberían preguntar a los otros candidatos por la sustentabilidad fiscal de sus propuestas y compromisos de campaña.

AMLO ya dijo cómo y de dónde obtendría 800 mmdp, sin aumentar impuestos. EPN y JVM, ¿cómo le harán? ¿Piensan incrementar o crear nuevos impuestos? ¿Cuáles, cuánto y cuándo?

Peña Nieto, en Tercer Grado, a pregunta de expresa de Loret de Mola si pensaba incrementar el IVA u otros impuestos para fondear el sistema de seguridad social universal, se negó rotundamente a contestar, diciendo que sería “muy irresponsable de mi parte” especular sobre una posible fuente de financiamiento.

La irresponsabilidad es comprometerse a ofrecer un programa de gobierno que implica un billón de pesos sin decir de dónde saldrán los recursos. Una de dos: o los ofrecimientos de Peña y Josefina son una oferta demagógica y electorera, para engañar a los ciudadanos; o son compromisos fiscalmente inviables, que terminarán por no cumplirse. En cualquiera de los dos casos, Josefina y Peña Nieto serían políticos populistas clásicos.

¿Cuál es el tipo de reforma fiscal que propone AMLO? Una reforma fiscal redistributiva, no simplemente recaudatoria, como las que han apoyado por igual PRI y PAN los últimos 25 años. 1) Ampliar la base de contribuyentes, evitando cobrar más impuestos a los mismos de siempre; 2) Aplicar el principio constitucional de proporcionalidad y equidad fiscal; es decir, que contribuyan más los que más ingresos obtienen, potenciando la aplicación del ISR y no aumentando el impuesto al consumo como el IVA, ni generalizándolo a alimentos ni medicinas; 3) simplificación fiscal, de fácil comprensión y operación por parte de las personas físicas y de las empresas; 4) eliminar los privilegios fiscales y los regímenes especiales de consolidación fiscal; y 4) eliminar los dos impuestos más lesivos para la economía de las empresas y de las personas: el IETU y la corrupción (también conocido coloquialmente entre los fiscalistas como “Mordida a Tasa Generalizada” o “Derecho de Trato con el Gobierno”).

En la reforma fiscal que propone Andrés Manuel López Obrador, el costo mayor es para el Estado y no para los ciudadanos o las empresas, como es usual en las reformas “estructurales” que han impulsado PRI y PAN, cuyos ingresos fiscales adicionales se han ido al gasto corriente y no a la inversión.

La propuesta es obtener 800 mil millones de pesos adicionales (5.3 puntos del PIB) a lo largo del sexenio, a través de las siguientes fuentes: 300 mmdp de recorte en el gasto corriente del gobierno (no únicamente en los sueldos de la alta burocracia, como mañosamente lo están manejando en el posdebate); 300 mmdp en la eliminación de comisiones, “mordidas”, subrogaciones y gastos de intermediación del gobierno; 200 mmdp mediante la ampliación de la base tributaria, eliminación del régimen de consolidación fiscal (por el cual las grandes corporaciones dejan de pagar 540 mmdp) y el combate a la evasión fiscal.

Quienes piensen que la corrupción en México no existe o es algo exagerado, sólo recordemos cuatro datos: uno, la Secretaría de la Función Pública del actual gobierno ha estimado en 120 mmdp al año el costo anual para el erario público por concepto de “mordidas”, “comisiones” y “entres” en las compras de gobierno (un 15% del presupuesto de egresos de la Federación); dos, Transparencia Internacional estimó en 14% el gasto adicional que las familias mexicanas tuvieron que realizar en promedio el año pasado por concepto de ayudas, propinas, mordidas y moches a servidores públicos de todo tipo. Tres, la ordeña de de los ductos de Pemex por la delincuencia organizada interna y externa que se existe en la paraestatal asciende a 12 mmdp anuales (revelación de Gil Díaz en una reunión privada de la Conago en 2004). Cuatro,  el SAT tiene una de las recuperaciones de créditos fiscales más bajas del mundo: en 2009 estos créditos sumaron 470 mmdp, de los cuales sólo cobró el 3%, por ineficiencia, corrupción o ambas.

¿Qué tiene de populista, socialista o estatista la propuesta fiscal de AMLO? Desde Adam Smith y David Ricardo, los supuestos del capitalismo y del libre mercado es que haya un gobierno que cueste poco, que elimine la corrupción, que haga contribuir a cada quien de acuerdo a sus ingresos y que regule la competencia económica para evitar concentraciones monopólicas.

En cambio, en el capitalismo de cuates o de cómplices, las reformas fiscales son como las que han impulsado PRI y PAN en los últimos 25 años: cobrar más a los cautivos de siempre, aumentar el IVA, inventar nuevos impuestos, despilfarrar los excedentes petroleros y hacer del servicio público un botín político. Esto sí es irresponsabilidad económica.