Recurso limitado: la confianza ciudadana

Ene 01 1970

Mucho se ha escrito sobre lo difícil que es generar confianza, lo importante que es mantenerla y lo trágico que es perderla.

 

El vínculo entre el individuo y el Estado se fortalece o se debilita dependiendo de qué tanto confía la población en el liderazgo de sus representantes, la moralidad de sus leyes y la rectitud de sus instituciones.

Entre el Estado y la ciudadanía existen responsabilidades y derechos inherentes que deben ser respetados y resguardados con celo. Sin éstos, la confianza que debe generarse entre ambos puede llegar a un desgaste insostenible, que hace del ejercicio de gobernar una batalla destinada al fracaso.

Así, contar con una ciudadanía que confía en su gobierno es necesario para el ejercicio del poder, pero también es importante para el flujo económico, la captación de capital extranjero y la generación de industria a nivel nacional.

Según varios estudios internacionales, los mexicanos tienen niveles muy bajos de confianza hacia un gran número de sus instituciones, sus líderes políticos y de la industria.

La batalla por consolidar el Estado de Derecho ha sido una constante en un país plagado por la corrupción y el clientelismo. Resulta evidente que no existe política, ley, ni proyecto que pueda llevarse a cabo con éxito si quienes la conducen carecen de credibilidad ante los ojos de la gente.

Ante este escenario, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, aseguró el jueves pasado que las acciones que ha desplegado el gobierno mexicano en contra del huachicoleo, tienen como meta un objetivo correcto.

Destacó que es imperativo mejorar las finanzas públicas de PEMEX, no solamente por lo que esto implicaría para la empresa, sino también porque repercutiría de manera positiva en el Estado de Derecho y en la confianza ciudadana.

Acabar con el huachicoleo no es solamente una estrategia económica o de seguridad, es parte de la creación de un verdadero Estado de Derecho.

Las finanzas públicas deben resguardarse, las empresas estatales conducirse con la máxima transparencia y los líderes políticos mantenernos firmes en nuestras convicciones.