RESILIENCIA = RECONSTRUCCIÓN + RECONCILIACIÓN

Ene 01 1970

El otro paso importante hacia la reconciliación es que la energía social que liberó el sismo del 19-S se traduzca ahora en participación ciudadana.

 

El movimiento de “ciudades resilientes” (resiliencia: capacidad de reponerse a un evento traumático, como un sismo), promovido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), recomienda a las ciudades expuestas al riesgo de un desastre natural que adopten al menos 10 medidas:

  1. Organización y coordinación entre los gobiernos locales; 2. Presupuesto público con criterios y perspectiva resiliente; 3. Evaluaciones permanentes de riesgo; 4. Obras públicas diseñadas para afrontar el cambio climático; 5. Evaluación permanente a escuelas e instalaciones de salud; 6. Reglamentos estrictos de construcción y cambio de uso de suelo; 7. Programas educativos y de capacitación ciudadana para enfrentar el riesgo de desastres naturales; 8. Proteger ecosistemas y zonas naturales de amortiguamiento; 9. Sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación; 10. Políticas públicas inmediatas de reconstrucción, centradas en la recuperación de hogares, centros de trabajo y medios de sustento de la población afectada por un desastre.

La CDMX pertenece a este movimiento, y uno de los ángulos desde el cual se evaluará el desempeño de los gobiernos nacional y locales será ese decálogo internacional.

Como Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, considero que el primer punto de estas recomendaciones, “coordinación entre los gobiernos locales”, está resultando insuficiente. Las autoridades delegacionales hemos sido excluidas de los comités de reconstrucción y financiamiento gubernamentales que se han formado para atender los efectos postsísmicos.

Es un error de diseño, porque las delegaciones son el primer contacto con la población afectada y la fuente de información más directa sobre los daños y afectaciones en el territorio. Las personas damnificadas no acuden al gobierno central o a las dependencias federales, sino directamente a las oficinas delegacionales, a plantear sus demandas.

El segundo actor excluido, y en el cual la ONU recomienda apoyarse y brindarle atención, es la sociedad civil organizada, tanto en las asociaciones de población damnificada que de manera natural están surgiendo, como en las agrupaciones y colegios de profesionales, técnicos, especialistas y académicos que tienen planes y proyectos que aportar para la reconstrucción.

Es un avance que las asociaciones de desarrolladores inmobiliarios y cámaras empresariales participen en la supervisión del destino de los recursos de la reconstrucción. Pero ellos no representan al conjunto de la sociedad civil, que es un espectro social y profesional mucho más amplio. Por ejemplo, en la fiscalización de los fondos deben participar también Transparencia Internacional, el IMCO, MCCI y los colegios de auditores.

La transparencia debe ser el inicio de la reconciliación entre gobierno y sociedad, entre autoridades y ciudadanía, porque un manejo ineficiente, descuidado u opaco de los recursos de la reconstrucción podría terminar de fracturar la confianza social hacia los gobiernos de todos los niveles y colores.

El otro paso importante hacia la reconciliación es que la energía social que liberó el sismo del 19-S se traduzca ahora en participación ciudadana. Hay que ciudadanizar la reconstrucción y el rumbo de la ciudad en los próximos meses y años. La población tiene mucho que decir y decidir sobre el uso del suelo, el aire y el agua: los tres elementos críticos de las ciudades resilientes.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter: @RicardoMonrealA