El verdadero pacto de impunidad

Ene 01 1970

“Cárcel para Peña!”, es una propuesta muy popular, muy “jaladora” de votos, pero inversamente proporcional al debido proceso y al debido razonamiento del sufragio.

   

Hoy es el tercer y último debate presidencial y no hay que ser adivino para adelantar el comportamiento que tendrán los participantes. El puntero, Andrés Manuel López Obrador, jugará con el marcador de las encuestas, cuidará su amplia ventaja. El segundo, Ricardo Anaya, será el más agresivo, tanto para separarse de Meade como para acercarse a AMLO. Meade, por su parte, dirigirá sus baterías contra Anaya y AMLO, en ese orden. Y “El Bronco” seguirá su juego de posicionamiento, basado en gracejadas envueltas en políticas públicas.

Anaya buscará además colocar el tema del supuesto “pacto de impunidad” entre AMLO y Peña. Y sobre esto centraré mi colaboración de la semana.

Por supuesto que hay un pacto de impunidad para proteger al presidente en funciones. Es un pacto legal, consignado en la Constitución, en el artículo 108: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Sin embargo, este blindaje conocido como “fuero presidencial” es una aportación del PRI de Peña Nieto y del PAN de Ricardo Anaya, quienes dejaron intacta esta disposición durante la aprobación de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. Pudieron reformarlo, pero pactaron no hacerlo.

Así que la decisión de proteger al presidente y evitar que sea juzgado por hechos de corrupción durante su encargo no es producto de un imaginario y kafkiano pacto entre Peña y AMLO, sino fruto de los años dorados del prianismo de Peña Nieto y Ricardo Anaya, cuando la luna de miel en la cúpula del poder permitió aprobar una decena de reformas estructurales y varias centenas de millones de pesos para premiar a las bancadas parlamentarias que las ratificaban (la llamada “partida de los ‘moches’”, misma que al parecer alcanzó hasta para edificar naves industriales).

En su afán por repuntar y evitar una recaída en las preferencias, el candidato presidencial del Frente está ofertando cárcel para Peña Nieto, después del uno de diciembre. Indudablemente es una propuesta muy popular, muy “jaladora” de votos, pero inversamente proporcional al debido proceso judicial y al debido razonamiento del sufragio.

Primero, mientras el candidato presidencial del Frente no supere de manera contundente la acusación por lavado de dinero que le ha formulado la Procuraduría General de la República, y de la cual surgen nuevas presuntas evidencias, como el video de la semana pasada, su bandera de “¡Cárcel a Peña!” carece de credibilidad y legitimidad. Más que un afán de justicia se está viendo como una estratagema para empatar el “corruptómetro” al grito de “¡Al ladrón, al ladrón!”.

Segundo, hasta ahora las ofertas electorales de llevar a la cárcel al mandatario en turno han devenido en grandes decepciones de gobierno. El caso emblemático es Nuevo León, donde “El Bronco” prometió cárcel para el gobernador Rodrigo Medina y lo más que pudo cumplir fue un citatorio para declarar ante un juez, con la decepción correspondiente.

Tercero, la politización de la justicia tiende a convertirse en un búmeran. Desde los tiempos de la Revolución francesa, el abuso de la guillotina política como impartición de justicia llevó al obispo de la abadía de París, Charles Maurice de Talleyrand, a acuñar una frase premonitoria: “Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.

¿Esto significa que deben prevalecer la impunidad y los cálculos políticos sobre la integridad y la impartición de justicia? En lo absoluto. Significa simplemente que para combatir de verdad los pactos de impunidad lo primero que se debe hacer es dejar atrás la demagogia electoral.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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