Voto de castigo y corrupción

Ene 01 1970

Un gigantesco voto de castigo al PRI se perfila en la próxima elección presidencial. Y, al parecer, dos temas son los causantes: inseguridad y corrupción. De hecho, ambos flagelos están engarzados. Hay inseguridad por la corrupción y ésta se catapulta por la inseguridad.

 

Las izquierdas en buena parte del mundo ubican la corrupción como la causante de varios males sociales, entre ellos la inseguridad y la impunidad, mientras que otras corrientes de centro y derecha invierten el binomio: es la impunidad la causa de la corrupción y la inseguridad.

Los tres principales contendientes a la Presidencia ofrecieron ir contra la corrupción en sus respectivos registros oficiales el pasado domingo. ¿Qué proponen?

AMLO ofrece combatirla con “terquedad y locura”. Los ejes de su propuesta son eliminar el fuero al presidente y a los altos funcionarios públicos para ser juzgados por delitos de corrupción; considerarlo un delito grave y aumentar los castigos previstos por el Poder Judicial; gobernar con el ejemplo personal: “si el presidente no roba, tampoco lo harán los gobernadores y los alcaldes”.

Ricardo Anaya, por su parte, propone fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción ya existente con una reforma al artículo 102 constitucional, que conceda autonomía e independencia plenas a las fiscalías Anticorrupción y General de la República.

José Antonio Meade ofrece tres elementos: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los funcionarios corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

La propuesta de AMLO ha sido cuestionada por ser voluntarista, personalista y reducir el combate a la corrupción a la buena o mala conducta del presidente en turno, dejando de lado el marco institucional.

El planteamiento de Anaya, por su parte, es cuestionado por lo contrario: exceso de institucionalismo y legalismo, que deviene en más burocracia, más gasto público y en el espejismo de que con más leyes tendremos servidores públicos más probos.

La propuesta de Meade, en cambio, siendo atendible, adolece de un mal exógeno: la falta de credibilidad y confiabilidad de todo lo que viene del régimen actual. El vino nuevo, servido en odre viejo, termina por agriarse.

El desafío de la corrupción en el país es tan grande y profundo que sería un error de visión pretender desdeñar las propuestas anteriores, sólo por provenir de un rival o adversario político.

El reto del próximo gobierno es sumar, coaligar y considerar las propuestas más viables que surjan tanto de los actores políticos como de la sociedad civil.

Al respecto, habrá que considerar las mejores prácticas y experiencias internacionales que han contribuido a combatir este cáncer social. Hay tres elementos que no están claramente expuestos en las propuestas anteriores y que podrían enriquecer la próxima política pública anticorrupción: la Contraloría Social, la educación para la formación de ciudadanas y ciudadanos íntegros, y la validación internacional.

Las y los ciudadanos son los mejores inspectores y auditores de las presuntas conductas ilícitas o faltas de ética de los servidores públicos. La educación para la integridad se debe impartir desde la educación primaria, mientras que la observación extranjera ayudaría a recuperar la confianza y el respeto internacionales hoy en entredicho.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter: @RicardoMonrealA