«Washington, tenemos un problema»

16 Mar 2010

Por el incidente de Juárez, la guerra contra el crimen ha entrado en una fase de rendición de cuentas con marcador regresivo. A Washington no se le puede engatusar con cifras alegres, informes a modo o spots propagandísticos.

Hace 25 años, el secuestro y asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, en la ciudad de Guadalajara en febrero de 1985, provocó uno de los más graves desencuentros diplomáticos y políticos entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Los presidentes eran Miguel de la Madrid y Ronald Reagan. Y el embajador norteamericano en México, John Gavin.

La reacción del gobierno norteamericano provocó la primera gran sacudida del sistema de complicidad y protección oficial que desde entonces se había tejido entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad del gobierno mexicano. Cayeron los capos de la droga de esa época: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Angel Félix Gallardo. Pero también fue sentado en el banquillo de los acusados el gobierno en pleno de Miguel de la Madrid. Desde Washington, supimos historias de corrupción de generales, coroneles, procuradores, subprocuradores, comandantes y gobernadores del norte del país, que difundieron los diarios, la televisión, las librerías y hasta las sales de cine de Estados Unidos. Se aplicaron desde entonces procedimientos de certificación de la lucha de México contra las drogas y otras prácticas de presión y sometimiento diplomático, que hicieron reaccionar al gobierno mexicano.

Si todo eso provocó la muerte de un agente mexicoamericano antidrogas en 1985, debemos imaginar ahora la reacción de Washington por la ejecución de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez, dos de ellos de nacionalidad norteamericana, con el claro objetivo de escalar el nivel de la guerra en esa ciudad fronteriza y obligar a la intervención del gobierno norteamericano en este conflicto.

Bastaría con ver el pasado domingo los principales portales de noticias de Estados Unidos y Europa, para dimensionar la magnitud de la reacción que podrá venirse en los próximos días. El despliegue noticioso fue similar al de los atentados contra embajadas y consulados norteamericanos en el Medio Oriente. Algunas de las páginas deban cuenta también de las escenas de horror de los 45 asesinados en el puerto de Acapulco el fin de semana. Por si fuera poco, están las declaraciones del Presidente Obama y de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, externando la indignación del gobierno norteamericano y su compromiso de dar con los asesinos, identificados en las primeras indagaciones como sicarios del Cártel de Juárez, grupo que sostiene desde hace meses una lucha sin cuartel con el Cártel del Pacífico, según versiones reiteradas de las autoridades mexicanas.

Las tres ejecuciones de Juárez provocarán lo que no pudieron los casi 18 mil muertos que contabiliza la guerra fallida contra al crimen (una cuarta parte de ellos en Chihuahua): sacar al gobierno de la mullida zona de autocomplacencias, sofismas y regodeos mediáticos con los que intenta convencer que su estrategia va por el camino correcto.

Una a una las justificaciones que solemos escuchar en México sonarán vacías, sin sentido y hasta burlescas en la opinión pública norteamericana cuando se intente explicar lo acontecido: “fue un ajuste entre delincuentes”; “seguramente estaban involucrados con el narco”; “fue una lamentable confusión”; “es un daño colateral inevitable”; “llegaremos hasta las últimas consecuencias”; “se aplicará todo el peso de la ley”; “son el ejemplo de que vamos ganando a la delincuencia”; “son héroes de guerra”.

El nivel de intervención del gobierno de Washington en la guerra mexicana contra el crimen, será directamente proporcional al tiempo que transcurra para resolver este caso y, paralelamente, a la captura efectiva de los capos de la droga que todo mundo en Estados Unidos conoce y persigue, menos en México. Mientras más se tarde el gobierno mexicano en resolverlo y, sobre todo, mientras más se acerquen las elecciones intermedias norteamericanas de noviembre próximo, más profunda será la intervención de Washington en el último reducto de decisiones soberanas que aún puede tomar México: su política de seguridad nacional y pública.

Por el incidente de Juárez, la guerra contra el crimen ha entrado en una fase de rendición de cuentas con marcador regresivo. A Washington no se le puede engatusar con las cifras alegres, los informes a modo o los spots propagandísticos con los que el gobierno suele justificar su estrategia ante el Congreso y la opinión pública mexicana. Como aconteció en 1985, viene la segunda gran sacudida al frondoso árbol de la protección y complicidad oficial bajo el cual el crimen organizado se ha erigido como una de las industrias económicas más boyantes de México. “Washington, tenemos un problema”… “Ya nos dimos cuenta”, será la respuesta.