¿Y la «seguridad energética nacional»?

26 Dic 2013

La reforma energética aprobada de prisa, sobre las rodillas y al vapor hace unos días por el PRI, PAN y PVEM, así como la mayoría de los congresos locales, no está diseñada para la independencia ni para la revolución energética de México, sino para ahondar su dependencia y su condición de maquilador y exportador de energéticos.

Lo vamos a demostrar de una manera muy sencilla. En las casi siete mil palabras que contiene la iniciativa, no se menciona una sola vez el término clave que utiliza cualquier política energética independiente y soberana: seguridad energética nacional.

Los 10 conceptos que más se mencionan son contratación, asignación, producción, propiedad, particulares, exploración, extracción, subsuelo, fondo y fideicomiso.

Esto nos evidencia que la iniciativa está diseñada con una visión de mercaderes, comerciantes y abogados corporativos, no con la perspectiva de un estratega, de un estadista o de un líder nacional. Es una iniciativa pensada en como hacer del petróleo un buen negocio privado, y no en como hacer del petróleo una buena oportunidad para el desarrollo nacional.

A estos atracadores del patrimonio nacional les olvidó que la “seguridad estratégica nacional” es el concepto clave de la política energética de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Argentina y todos los países productores de petróleo.

La seguridad energética es el menos global de los criterios petroleros contemporáneos y es lo que los señores del PRIAN abandonaron a su suerte, y con ello ha quedado en vulnerabilidad máxima la soberanía nacional.

Seguridad energética nacional es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están reconfigurando sus economías domésticas para conservar una posición hegemónica en el nuevo orden económico mundial multipolar.

Seguridad energética nacional es el detonador con el que China e India están creciendo a tasas superiores al 8% anual.

Seguridad energética nacional es lo primero que apuntalan las potencias petroleras en sus estrategias de apertura, asociación y expansión. Desde Arabia Saudita hasta Brasil.

Seguridad energética nacional es lo que argumentó Argentina el año pasado para revocar a Repsol las concesiones petroleras, porque no cumplió ninguno de los requisitos de ley; es decir, no cumplió su programa de inversiones, no pagó los impuestos que debía, no le cumplió a los trabajadores argentinos las obligaciones contractuales y dejaba un desastre ecológico en las áreas de explotación.

¿Así o más contundente?

Seguridad energética nacional es lo menos que trae la reciente reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica.

Lo que a esta reforma preocupa y ocupa es extraer lo más rápido posible el petróleo y el gas del subsuelo, y monetarizarlo. Es decir, venderlo al mejor postor, y que el fisco reciba algunos pesos por ello.

No les preocupa transformarlo ni agregarle valor a través de su transformación en productos petroquímicos o en insumos básicos para la industria nacional.

Con esta visión de extraer y vender el mayor crudo y gas posibles en el menor tiempo probable, se está contribuyendo a la seguridad energética de otras naciones, y en contrapartida se está condenando al neocolonialismo y al subdesarrollo a la Nación mexicana.

Esta reforma no va a revolucionar los hidrocarburos en el país, en cambio sí va a revolucionar la doctrina constitucional: los hidrocarburos ya no serán de la Nación que los posee bajo la forma de propiedad original, sino de la trasnacional que los trabaje bajo la forma de licencias petroleras.

Otro ejemplo de cómo esta iniciativa ha descuidado la seguridad energética nacional es la forma como deja abierta la puerta a la judicialización internacional de las controversias petroleras. No hay una sola línea para prevenir que las controversias internacionales por la exploración y extracción de hidrocarburos de la Nación se resuelvan de manera preeminente conforme al derecho, los tribunales y la jurisprudencia nacional.

La cláusula Calvo quedó totalmente desplazada. Se las recuerdo: “Solamente los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo”.

Conforme a esta doctrina legal aplicable en México y en casi toda Latinoamérica, son cinco los puntos que deben incorporarse al celebrarse un contrato con personas físicas o morales de nacionalidad extranjera: 1) someterse a la jurisdicción legal local, 2) en caso de controversia, aplicación de la legislación local, 3) someterse a los acuerdos contractuales locales, 4) renunciar a solicitar la protección diplomática de su gobierno, 5) pérdida de los bienes adquiridos en caso de incumplimiento del convenio.

La excepción a la incorporación y aplicación de la cláusula Calvo es en el caso de los acuerdos e intercambios mercantiles al amparo del Tratado de Libre Comercio. Al renunciar a la aplicación de la misma en la reforma constitucional del 27, los hidrocarburos se estarían incorporando de facto a los lineamientos del TLC en cualquiera de las modalidades de contrato o asignaciones que se realicen con compañías extranjeras, especialmente norteamericanas. Sin la cláusula Calvo, las controversias petroleras deberán resolverse en paneles y tribunales internacionales de ahora en adelante, dejando en desventaja a la representación nacional.

Por supuesto que jamás una Legislatura entreguista y vendepatrias será capaz de incluir una cláusula de preeminencia y prioridad de la Constitución mexicana sobre las controversias internacionales petroleras, porque eso sería romper con el espíritu globalizador de los tratados comerciales internacionales, especialmente del Tratado de Libre Comercio, y también porque el siguiente paso será precisamente ese: que el petróleo mexicano se rija como una materia prima más de las que se comercian en América del Norte, Europa o Asia, a nivel de los jitomates, los plátanos y los cacahuates.

 Esta reforma se dice inspirada en los tiempos económicos modernos, donde la clave es garantizar energía abundante y barata. El objetivo, se dice, es integrar a México a la nueva Arabia Saudita del siglo XXI. Es el nuevo cuento privatizador de las Mil y una Noche Mexicanas, que generalmente termina en la pesadilla de Alibabá y los 40 ladrones.